El presidente de Venezuela y candidato a la reelección, Nicolás Maduro, anunció hoy el inicio de una «ofensiva de cierre de campaña» en la región noroeste del país. Durante un acto proselitista celebrado en el estado Falcón y transmitido por el canal estatal VTV, Maduro expresó su confianza en lograr una nueva victoria en las elecciones presidenciales del 28 de julio, buscando así un tercer mandato de seis años.
«Hoy, viernes 19 de julio, arranca la ofensiva de cierre de campaña rumbo a la victoria del 28 de julio», proclamó Maduro ante sus seguidores. El mandatario, en el poder desde 2013, aseguró que el día de las elecciones será «grandioso y bendecido», y predijo que el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunciará su triunfo.
En su discurso, Maduro prometió a sus simpatizantes que «pronto nos veremos con la victoria en la mano». Además, subrayó la importancia de la decisión que los venezolanos tomarán el 28 de julio, afirmando que de esta elección «depende la paz o la guerra» y el futuro de los próximos 50 años del país. También planteó que en los comicios se decidirá si Venezuela continuará siendo «una república independiente» o si se convertirá en «una colonia gringa».
El presidente acusó nuevamente a la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), principal coalición opositora que respalda la candidatura del exembajador Edmundo González Urrutia, de planear «gritar fraude» y «manchar el proceso electoral». Estas acusaciones han sido desmentidas por la oposición.
La campaña electoral, iniciada el 4 de julio, ha estado marcada por denuncias de la PUD, activistas opositores y diversas ONG sobre detenciones arbitrarias y múltiples obstáculos. Hasta el miércoles, la PUD informó que desde el inicio de la campaña, 72 personas han sido detenidas, de las cuales más de 20 continúan presas.
Este viernes, los gobiernos de Argentina, Costa Rica, Guatemala, Paraguay y Uruguay emitieron una declaración conjunta manifestando su preocupación por el «hostigamiento y la persecución sistemática» contra dirigentes opositores y miembros de la sociedad civil en Venezuela, considerándolo un serio obstáculo para la legitimidad del proceso electoral.